TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

• STC 110/2011, de 22 de junio de 2011, Pleno. Resuelve recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Rioja en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
• STC 24/2010, de 27 de abril de 2010, Sala Primera.
• STC 194/2009, de 28 de septiembre de 2009, Sala Primera.
• STC 249/2007, de 13 de diciembre de 2007, Pleno.
• STC 273/2000,de 15 de noviembre. Resuelve cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 17/1987, de 13 de julio, de la Administración Hidráulica de Cataluña. (BOE núm. 200, de 14 de diciembre de 2000).

• STC 166/2000, de 15 de junio. (Resuelve recurso de inconstitucionalidad 1997/1993, promovido por el Presidente del Gobierno respecto de determinados preceptos de la Ley Foral del Parlamento de Navarra 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats).
• STC 73/2000, de 14 de marzo. (Resuelve cuestión de inconstitucionalidad 2853/1998 planteada por la sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la posible inconstitucionalidad de varios preceptos de la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Foral de Navarra, en lo que afectan a la presa de Itoiz). (BOE. núm. 90, de 14 de abril de 2000).
• STC 177/1999, de 11 de octubre. (Resuelve recurso de amparo frente a Sentencias de la Audiencia Provincial y del Juzgado de lo Penal núm. 22 de Barcelona que condenaron al recurrente como autor de un delito contra el medio ambiente. Establece que la condena es una vulneración del derecho a la legalidad penal -ne bis in idem-, dado que los hechos habían sido sancionados anteriormente por la Administración). (BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 1999).
• STC 42/1999, de 22 de marzo. (Resuelve recurso de amparo contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona recaída en recurso de apelación contra la dictada por el Juzgado de lo  Penal núm. 2 de Sabadell, que condenó al actor como autor de un delito contra el medio ambiente por vertido de aguas residuales. (BOE núm. 100 de 27 de abril de 1999).
• STC 118/1998, de 4 de junio. (Resuelve varios conflictos positivos de competencia promovidos por el Gobierno del País Vasco, Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria en relación con el RD 927/1998, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica) (BOE de 3 julio de 1998).
• STC 110/1998, de 21 de mayo. (Resuelve recurso de inconstitucionalidad 749/1993, promovido por el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 6/1992, de 18 de diciembre, de protección de ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca de Castilla y León).
• STC 15/1998, de 22 de enero. (Resuelve recurso de inconstitucionalidad 2559/1992, promovido por el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial de Castilla la Mancha).
• STC 13/1998, de 22 de enero. (Resuelve conflicto positivo de competencia 263/1989 tramitado como recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno vasco en relación con determinados preceptos del Real Decreto 1131/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación del impacto ambiental).
• STC 161/1996, de 17 de octubre. (Resuelve recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley de Cataluña 17/1987, reguladora de la Administración Hidráulica de Cataluña).
• STC 185/1995, de 14 de diciembre. (Resuelve recurso de inconstitucionalidad contra la  Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios públicos). (Sus pronunciamientos sobre la naturaleza jurídica de tasas y precios públicos pueden ser interesantes para la plena comprensión del régimen económico-financiero del dominio público hidráulico).
• STC 101/1995, de 22 de junio. (Resuelve conflicto positivo de competencia en relación a análisis sobre calidad de aguas practicados por el Gobierno Vasco en el Municipio cántabro de Villaverde de Trucios).
• STC 243/1993, de 15 de Julio. Conflicto de competencia 1107/1986, promovido por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias frente a la Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por el que se hace público el otorgamiento de una concesión de aprovechamiento de agua de los ríos Ponga, Sella y Dobra, en el término municipal de Ponga, con destino a fuerza motriz (BOE nº / 0000).
• STC 74/1992, de 14 de mayo. (Resuelve conflicto de competencias relativo a los aprovechamientos hidroeléctricos en supuesto de minicentrales).
• STC 208/1991, de 31 de octubre, del pleno del Tribunal Constitucional, en el conflicto positivo de competencias 1187/1988, promovido por el gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco en relación con diversos preceptos de la orden del ministerio de obras publicas y urbanismo, de 8 de febrero de 1988, relativa a los métodos de medición y análisis de aguas superficiales dedicadas a la producción de agua potable. (BOE nº 284 / 27-11-1991).
• STC 46/1990, de 15 de marzo. (Resuelve recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes del Parlamento de Canarias 14/1987, de 29 de diciembre y 6/1989, de 22 de mayo).
• STC 17/1990, de 7 de febrero. (Resuelve recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Canarias 10/1987, de 5 de mayo, de aguas).
• STC 227/1988, de 29 de noviembre. (Resuelve recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Aguas).

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Debe tenerse en cuenta que la revista Justicia Administrativa (Lex Nova, Valladolid) publica desde 1997 noticia comentada de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo relativa a las aguas continentales bajo las rúbricas “Bienes públicos” y “Medio ambiente”.